mayo 21, 2024
Los fondos internacionales para el medio ambiente en contexto de pandemia

Los fondos internacionales para el medio ambiente en contexto de pandemia

Por Javier Góngora


Con la pandemia se viene una respuesta económica rápida del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, que quieren evitar un colapso económico mundial.

Carla García Zendejas, 2021.

En el contexto de la crisis por el coronavirus, el agosto pasado Vianett Medina entrevistó* a la directora del programa de pueblos y recursos del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés), Carla García Zendejas. En el discurso de la abogada contrastaron las necesidades de proteger el medio ambiente y las prácticas de corrupción latinoamericanas.

         García Zendejas, quien es maestra en derechos ambientales por la Washington University, señaló que ante la crisis de la pandemia por Coronavirus, grandes instituciones financieras se han visto impelidas a otorgar fondos, específicamente a los países en vías de desarrollo:

Ahora con la pandemia se viene una respuesta económica rápida del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, que quieren evitar un colapso económico mundial. Entonces la cantidad de dinero en los miles de millones de dólares que están otorgando el Fondo Monetario y todas estas instituciones es para resolver las necesidades de deuda, pero también esas necesidades apremiantes de salud, de comprar vacunas, mayor [número de] hospitales, mayor material (García, 2021).

Todo lo anterior parece estar muy bien, pues quién puede oponerse al ofrecimiento de apoyo económico. No obstante, García es consciente del riesgo, dada la sistemática corrupción existente que hay en un contexto donde el flujo de capital es grande pero donde los filtros y procesos para el otorgamiento de tales fondos se han reducido dada la apremiante necesidad de ayuda generada por la crisis mundial de la pandemia:

Es tal el flujo de dinero que los problemas de corrupción, que sabemos que existen en América latina, en Asia, en África, son un peligro, porque todos esos fondos que están saliendo se espera que cumplan con las políticas ambientales y sociales que ya están en existencia. Sin embargo, la urgencia que estamos viviendo, precisamente por la pandemia, está permitiendo un fast track, es decir, un aceleramiento de los fondos sin estos filtros [como la elaboración de programas económicos y políticos eficaces por parte de los gobiernos beneficiados, con el fin de prevenir malos manejos del capital transferido a los países en crisis], lo cual nos preocupa a nosotros (García, 2021).

Hay inclusive ejemplos, [como] Bolivia, que recibió un fondo del Fondo Monetario internacional que hasta lo regresó, porque algunos de estos fondos van condicionados. Una cosa es que el Fondo diga: los miles de millones úsalos para lo que necesites o estos miles de millones quiero que los uses, pero, también tienes que flexibilizar tu marco jurídico ambiental para permitir que yo pueda meter más proyectos de infraestructura. Es una cuestión seria, porque en esta revuelta [causada por el] temor (…) de la crisis económica, [originada por la problemática] de la pandemia (…), se están, desgraciadamente, dando algunas de las situaciones que se daban en los años ochenta, en el que se obligaba a los países pobres, en vías de desarrollo, a flexibilizar sus mercados, sus políticas ambientales, económicas, para permitir mayor apertura a la inversión, y no solamente la inversión de instituciones financieras, sino la inversión privada (García, 2021).

La preocupación que García Zendejas nos presenta es genuina y se fundamenta en la experiencia histórica y continua de la relación entre los países de la región de Latinoamérica y las instituciones financieras internacionales. Dicha relación se ha caracterizado, precisamente, por condicionar dichos préstamos o fondos a los intereses y políticas que tales instituciones, privadas o no, persiguen.

A la pregunta sobre cuál es la fuente de los atropellos y contradicciones que se viven en los países latinoamericanos respecto de los derechos ambientales, García Zendejas declara que uno de los problemas es la falta de inclusión y participación de la ciudadanía en las políticas de desarrollo ambiental y económico:

No es falta de figuras jurídicas, las leyes están, los marcos jurídicos están. México es, aparte, de los países que se adhieren y firman tratados internacionales de todo tipo, o sea, los derechos están bien fundamentados, nuestros códigos están fuertes (…) y como siempre volvemos al cumplimiento de estas leyes; igual en Colombia, Colombia tiene un marco jurídico sumamente fuerte, un legado de la Corte constitucional colombiana riquísimo en tema inclusive de derechos humanos, en tema de conflicto de derechos humanos, de reparación de derechos de los pueblos indígenas, o sea está ahí; sin embargo, el conflicto o los puntos opuestos entre impulsar el desarrollo económico por encima de la ciudadanía de una forma que no incluye a la gente sigue siendo lo que venimos cargando (García, 2021).

Sin embargo, como ella mismo lo precisa: “no es falta de leyes”. De hecho, menciona el acuerdo regional en el que México se halla inscrito también: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (2018), también llamado acuerdo de Escazú. Este  obliga a los países de la región el otorgamiento y salvaguarda del derecho al acceso a la información, a la participación y a la justicia en relación con los temas tocantes al medio ambiente:

Este es un acuerdo regional [el acuerdo de Escazú] para América latina y el Caribe, que recoge, ya, en forma obligatoria estos derechos, es el primero obligatorio para los países de América Latina. Y no solo eso: también incluye el tema de defensores ambientales. Es el primer acuerdo a nivel regional en el mundo que incluye estos principios y dice: los defensores ambientales son punto fundamental para que el ambiente se proteja, para que los derechos humanos se protejan, y tenemos que reconocer el papel que juegan lo defensores ambientales; porque esta línea que mencionaba del reconocimiento de asesinatos de defensores, de periodistas de personas que están poniendo los temas sobre la mesa es mundial, pero mucho peor en América latina y en México. Entonces, ese acuerdo de Escazú es otro nivel de reconocimiento, de conciencia, pero el hacerlo cumplir es lo que nos va a faltar porque éste es, ahora sí, nuevo (García, 2021).

García enfatiza que el problema no está en la falta de políticas o en un marco jurídico ambiental defectuoso, sino en el cumplimiento de estas leyes, en su aplicación, en la impunidad:

Por más leyes, por más marcos jurídicos, por más acuerdos, es una conciencia de cada uno la que nos va a llevar a ir juntos y mejorar. (…) Hay que reconocer lo nuestro y proteger lo que hay, que es una belleza (García, 2021).

Lo anterior a sabiendas de que “la cuestión de participar, la cuestión de ir a quejarnos, no es fácil. Hay consecuencias al momento de alzar la voz, pero también hay consecuencias por no hacerlo” (García, 2021).


Bibliografía

García, C. (2021). Los fondos internacionales para el medio ambiente en contexto de pandemia / Entrevista por Vianett Medina. Programa de radio Bordear el Desierto: Los derechos humanos a través de la frontera. Disponible en: https://soundcloud.com/losderechoshumanos/los-fondos-internacionales-para-el-medio-ambiente-en-contexto-de-pandemia?si=931800dbb91d48529501e899e6361da9

Naciones Unidas (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Santiago. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf


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